Resumen: El Tribunal Supremo, en su sentencia de 24 de junio de 2025, estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la actora anulando la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana que había confirmado la denegación de su pensión de viudedad. Tras recordar que el art. 220.1 LGSS reconoce el derecho a la prestación a las mujeres separadas o divorciadas sin pensión compensatoria que acrediten ser víctimas de violencia de género «por cualquier medio de prueba admitido en Derecho» la Sala constató que, aunque los procedimientos penales seguidos contra el causante concluyeron con absolución, existieron denuncias, órdenes de protección de 2006 y 2008, atención continuada en el Centro Mujer 24 Horas y la percepción ininterrumpida de la Renta Activa de Inserción como víctima desde 2006 hasta 2017. Este haz de indicios, valorado con perspectiva de género y un criterio probatorio flexible, bastaba para tener por acreditada la situación de violencia al tiempo de la separación y el divorcio (2007 y 2009). Por ello, se reconoció a la actora la pensión de viudedad.
Resumen: La nueva medida cautelar adoptada persigue garantizar la tranquilidad de la víctima ante la conducta desplegada por el recurrente consistente en amenazar de muerte a través de una red social y de una tercera persona con el fin de mantener contacto con ella, pese a haber puesto fin a su relación afectiva, quebrantando las medidas adoptadas. Las amenazas de muerte iban dirigidas, no sólo a ella, sino también a sus hijos menores. Existencia de indicios suficientes de la comisión delictiva que conlleva el necesario agravamiento de la previa medida de alejamiento, ciñéndola ya a la prohibición de residir en una localidad.
Resumen: No toda modificación de las calificaciones provisionales al fijarse las definitivas incide en elementos esenciales del hecho constitutivo de delito o implica una nueva calificación jurídica infringe el derecho de defensa si, utilizando las vías habilitadas al efecto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se permite su ejercicio respecto de esos nuevos hechos y su calificación jurídica. Se retira la acusación por un delito de coacciones, y se solicita la condena por un delito de vejaciones injustas cuyas frases injuriosas ya constaban en el auto de procedimiento abreviado. Circunstancia atenuante analógica al estar acreditado. Un largo consumo de drogas.
Resumen: Las declaraciones de los partícipes, aún contradictorias entre sí, son prueba de cargo suficiente a valorar por el juzgador que las ha recibido directamente en el juicio oral, con sujeción a los principios de inmediación y contradicción. Para declarar cometido un delito de maltrato en el ámbito de la pareja, no es necesaria la comprobación y constatación de un resultado lesivo, dado que el tipo recoge, no sólo el maltrato con lesiones, sino también el maltrato de obra sin lesión. Circunstancia modificativa de embriaguez. Para que sea apreciable bien como eximente completa, bien como eximente incompleta, bien como simple atenuante se requiere que no sea habitual, ni provocada con el propósito de delinquir y siempre que los efectos producidos por la ingestión de bebidas alcohólicas hayan sido especialmente intensos, incidiendo en la mente del agente.
Resumen: Para la adopción de una orden de protección no puede entrarse en valorar si existen pruebas que desvirtúen la presunción de inocencia del denunciado, ello queda reservado a la celebración del correspondiente juicio oral. En el momento inicial de las actuaciones sólo puede exigirse la existencia de indicios racionales de criminalidad. Y, sobre todo, la necesidad de protección de las víctimas para evitar mantenerlas en el ámbito en el que esos presuntos delitos se han cometido, sobre todo si nos encontramos ante víctimas menores de edad.
Resumen: El delito de quebrantamiento de medida cautelar es un delito que no requiere un especial ánimo subjetivo que tenga incidencia en la persona de la víctima, siendo suficiente que se sepa que cabe la posibilidad de coincidir en el lugar al que se acude con la persona a cuyo favor se han adoptado las medidas cautelares. Acudir al colegio de la hija a la hora de la salida pasa necesariamente por conocer que se va a coincidir con la madre, que es quien va a recogerla diariamente.
Resumen: En ningún caso puede perseguirse con la prisión provisional son fines punitivos o de anticipación de la pena, o fines de impulso de la instrucción sumarial, propiciando la obtención de pruebas consistentes en la declaración de los imputados u otras. La exigencia de motivación requiere que consten en la resolución los elementos que permiten apreciar que se ha efectuado la ponderación requerida por el juicio de proporcionalidad, expresando el presupuesto de la prisión provisional y el fin constitucionalmente legítimo perseguido.
Resumen: El Tribunas dice que le corresponde una función de supervisión o control de la labor jurisdiccional del Juzgado de instancia, plasmada en la motivación del auto impugnado, con las limitaciones derivadas de la falta de inmediación y contradicción sobre las diligencias de investigación que se han practicado ante aquel órgano. De esta forma, debe controlar si la argumentación, al valorar dichas diligencias, es arbitraria, absurda, irrazonable o ilógica, contraria a las máximas de la experiencia o a los postulados científicos, pero no puede controlar la credibilidad de los testimonios.
Esta labor de control se proyecta, en el caso de la adopción o denegación de la orden de protección, sobre los dos requisitos que para el dictado de esta medida se exigen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: existencia de indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual, la libertad o la seguridad de alguna de las personas mencionadas en el art. 173.2 del Código Penal , y existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en ese artículo.
Resumen: Se deniega la pensión de viudedad porque a la fecha del hecho causante la actora se encontraba divorciada y no era perceptora de pensión compensatoria alguna ni había sido víctima de violencia de género; y, a su vez, concurre la institución de la cosa juzgada, en cuanto ha existido pleito previo en el que se pudieron alegar las cuestiones que se suscitan ahora. La revisión de los hechos se ha desestimado porque no se ofrece un texto alternativo al relato judicial.
Resumen: La orden de protección y las medidas que pueden adoptarse en la misma no tienen que ser necesariamente interesadas por quien aparece como perjudicada o víctima del presunto delito. El consentimiento de la víctima no es presupuesto ni condicionante de necesidad, pues las prohibiciones adoptadas se imponen al investigado. La denuncia se formula por la madre de la menor, 17 años, que mantiene la relación en cuyo seno se cometen presuntamente los delitos denunciados. La menor pretende acogerse a la exención de su deber de declarar, si bien realiza manifestaciones de descargo en relación con el investigado. Situación objetiva de riesgo que se eleva ante la menor edad de la perjudicada.
